Con el objetivo de garantizar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y disminuir los riesgos sanitarios de la población en materia de atención médica ambulatoria, se establece esta herramienta, con la finalidad de que los prestadores de servicios de atención médica ambulatoria, puedan contar con un marco de referencia basado en la legislación sanitaria.